El especialista en derecho constitucional y secretario de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, impartió anoche la conferencia “Reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, invitado por la Academia de Licenciados en Derecho de Yucatán A.C. y la Asociación de Mujeres Profesionales en Derecho “Abogada Antonio Jiménez Trava A.C”.
El evento se realizó en el marco del Día del Abogado que se conmemora el próximo día 12. Ante numeroso auditorio compuesto de magistrados, jueces, notarios, estudiantes y especialistas en diversas ramas del derecho, Zapata Bello hizo apretada síntesis de las reformas constitucionales que ha realizado la Legislatura Federal.
“El veto es el derecho que tiene el Ejecutivo de hacer observaciones y propuestas de modificación a los proyectos de ley que se le remiten luego de ser aprobados. El ejercicio de este derecho tiene actualmente un plazo de diez días, explicó.
“Doctrinalmente, se le denomina veto de bolsillo a la facultad meta-constitucional del Ejecutivo que consiste en la negativa de promulgar y publicar una ley o decreto, aún cuando formalmente no haya ejercido su derecho de hacerlo en el plazo establecido.
“La modificación aprobada por el Congreso se refiere al Artículo 72 de la Carta Magna que amplía el plazo para hacer observaciones (derecho de veto) de 10 a 30 días. Si en ese tiempo no hay observaciones, se obliga al Ejecutivo a publicar la ley o decreto en un plazo máximo de 10 días.
“En caso de no hacerlo se considerará automáticamente promulgado y el presidente de la Cámara de origen tendrá la facultad de publicarlo en el Diario Oficial de la Federación. Las reformas que se han logrado son las más importantes de los últimos 50 años para proteger los derechos ciudadanos”.
Al comentar el estado en que se encuentra esa reforma, informó que ya se hizo la declaratoria constitucional de la propuesta y se está en espera de su publicación en el Diario Oficial de la Federación para que esté vigente.
En su plática ante organizaciones de abogados y escuelas de derecho, el coordinador de los diputados federales del PRI por Yucatán, abundo en las modificaciones realizadas durante la LXI legislatura, entre las cuales destaca la estructura del Juicio de Amparo, las Acciones Colectivas y los Derechos Humanos.
Dijo que en materia de amparo hay una reforma integral para fortalecerlo al eliminar tecnicismos y formalismos que han dificultado su acceso y por ende, ha disminuido su ámbito de protección.
Asimismo, se ha tenido la intención de beneficiar a un mayor número de ciudadanos con las resoluciones de los jueces al ampliar su esfera de protección para hacer de este instrumento un medio con mayor celeridad y eficacia en aras de un mayor acceso a la justicia.
En materia de Derechos Humanos, Rolando Zapata mencionó que se obliga a los servidores públicos que no acepten recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o de las respectivas comisiones estatales, a fundar y motivar su negativa, así como hacerla pública.
En caso de que alguna autoridad rechace una recomendación, puede ser citada por el Senado o por la Comisión Permanente (si la recomendación proviene de la CNDH) o bien por la legislatura local (si la recomendación fue expedida por una comisión estatal).
En el evento estuvieron presentes las abogadas Linda Lizbeth Ramírez, presidenta de la Asociación de Mujeres Profesionales en Derecho “Abogada Antonio Jiménez Trava” y Celia Rivas Rodríguez, presidenta de la Academia de Licenciados en Derecho de Yucatán.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Marco Celis Quintal y los magistrados Santiago Altamirano Escalante, Migdalia Rodríguez Arcovedo; el presidente del Tribunal Electoral y Administrativo, Miguel Diego Barbosa Lara y el presidente de la CODHEY, Jorge Victoria Maldonado.
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